Inclusión y equidad: estrategias para fortalecer la protección social en América Latina y el Caribe

La protección social es más que una red de seguridad: es un derecho humano fundamental y una piedra angular del desarrollo inclusivo. Al garantizar el acceso a la atención sanitaria, la educación y las oportunidades económicas, los sistemas de protección social permiten a las comunidades prosperar y contribuir al desarrollo sostenible en toda la región. El Panorama Social 2024 revela que uno de cada tres hogares de bajos ingresos en ALC carece de una protección social adecuada. Esta brecha exige una acción urgente para garantizar que nadie se quede atrás.

Este mes, el SIUBEN participó en el webinario "Activar la protección social de las poblaciones excluidas en América Latina y el Caribe”, organizado por el Grupo Regional de Trabajo sobre Poblaciones Dejadas Atrás (WG-PLB) y la Coalición Temática sobre Crecimiento Equitativo y Financiamiento para el Desarrollo (IBC-EG&FfD) de la ONU en la región. El evento virtual reunió también a expertos del PNUD, la OIT y la CEPAL para discutir estrategias para incluir a los grupos marginados en los sistemas nacionales de protección social.

Como parte esencial de la estrategia de lucha contra la pobreza, el Gobierno dominicano dispuso que la política social debía estar sustentada en mecanismos que aseguren la equidad y la transparencia de los programas sociales destinados a asistir a los grupos más vulnerables. El Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN), creado para identificar y priorizar a las familias elegibles para recibir los beneficios de los programas sociales y los subsidios que se efectúen con recursos públicos, actualmente impulsa una protección social centrada en la inclusión de quienes han sido históricamente excluidos.

Gracias a herramientas como Regístrate SIUBEN y en alianza con instituciones del gobierno, de la sociedad civil, CONAVIHSIDA y de las Naciones Unidas —el PNUD y el ONUSIDA—, el SIUBEN identifica y clasifica activamente a personas en situación de vulnerabilidad, incluyendo a personas que viven con VIH, miembros de la comunidad LGBTIQ+ y hogares sin documentos de identificación, con el fin de inclusión en los registros sociales y facilitar su acceso a los servicios, transferencias monetarias y bonos del Estado.

Esta labor se realiza mediante una búsqueda activa y coordinada con diversos actores. La estrategia, reconocida por la ONU como una buena práctica regional, fortalece la inclusión en el registro social, mejora la focalización programática, refuerza la respuesta ante emergencias y contribuye al diseño de políticas públicas más justas e inclusivas para todas y todos sin dejar nadie atrás, especialmente los más vulnerables.

Los casos de éxito demuestran que la inclusión es posible. Con políticas específicas y voluntad política, podemos desmantelar las barreras a la inclusión. Los debates del evento virtual se han centrado en soluciones prácticas para cerrar las brechas de cobertura y reforzar los marcos institucionales. No se trata sólo de políticas: se trata de transformar vidas y construir un mundo más justo y equitativo.